Creados como estrategia para debilitar a las bases de apoyo zapatistas a la par que iniciaba el diálogo entre la guerrilla y el gobierno federal, en abril de 1995, a diez años de distancia, los grupos paramilitares no sólo se resisten a desaparecer sino que recobran fuerza con el agotamiento del gobierno del “cambio” y el reposicionamiento priísta en los ayuntamientos.
En los últimos tres meses, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) ha seguido con impotencia el desplazamiento forzado de 20 familias de la comunidad Andrés Quintana Roo, municipio de Sabanilla, obligadas a vivir en Tapijulapa Tabasco antes que perder la vida por defender sus creencias religiosas y políticas.
Lorenzo López Gómez, representante de los 117 desplazados lamenta que, como en el pasado, no encuentren apoyo en el gobierno estatal ante las agresiones y amenazas que les recuerdan el principio de la “pesadilla” vivida con los paramilitares en 1995 que dejó más de 90 muertos en el norte de Chiapas.
El primero de julio pasado, una semana antes de que iniciara el desplazamiento Villanueva Pérez López “me encontró atrás de la iglesia, yo estaba esperando la visita del padre porque nosotros lo atendemos cuando llega, Empezó a discutirme: ‘¿qué haces aquí?' –‘aquí estamos esperando al sacerdote–, ‘ahora no, te tienes que regresar. Ya no vas a vivir mucho, si quieres te vamos a echar plomo' –‘pero no estamos haciendo nada'–. Ya enojado me dijo: “bueno, si quieres te pongo uno de 22, tiro de 22' Así me dijo, había mucha gente como testigo”, cuenta Lorenzo.
En los testimonios reunidos por el Centro Fray Bartolomé, los desplazados relatan el calvario de enfrentarse nuevamente a las agresiones por pertenecer al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y mantenerse dentro de las estructuras de la diócesis católica. Contralínea reproduce la historia de Lorenzo:
Amenazas, asunto cotidiano
-¿Las amenazas fueron antes o después de la misa?
-Antes, todavía estabamos esperando la llegada del sacerdote. (Lorenzo prosigue el relato) Después me dijo: si no, la que usted quiera, tengo también la escopeta si quieres.” No le contesté, por lo que ya me está amenazando de muerte y al ratito llegó a reventar un tiro.
-¿Dónde?
-Desde su casa, estábamos todavía en la iglesia, dilatamos mucho ahí, llegó el sacerdote, empezó la misa. Y él ya regresó, así corajudo, aventó el tiro al aíre, él vive arribita del templo. Todos lo oyeron.
“Otro de nuestros compañeros, también fue amenazado. Nos han amenazado con que nos van a esperar en la milpa, hemos visto que si tienen armas, cartuchos de escopeta de calibre 20. Y cuando estaba duro el problema, cuando bajamos, hizo dos disparos.
- ¿Se acuerda cuándo pasó eso, de las amenazas y de los disparos?
- Los disparos fueron el 14 de junio. Más o menos.
-¿Cuando usted se salió de su casa?
-Cuando ya estábamos saliendo. Ahí tuvimos mucho miedo, porque no es palabra nada más lo que nos dicen. Puede suceder eso y ya hemos visto como sucedió en los años pasados.
-¿Qué sucedió?
-En los años pasados secuestraron, mataron a mis primos.
-¿Cómo se llamaban?
-Mateo López Pérez, Avelino López Mendoza y su hermano de mi papá y también su hijo, Mateo López Pérez y Rubisel López Pérez.
-¿En qué año los mataron?
-En el 96.
-¿Los mismos de “Paz y Justicia”?
-Sí, del mismo grupo; y como son de mis familiares por eso nos amenaza a nosotros, que tenemos que acabar también como acabaron las familias, nosotros también. Ése es el miedo que tenemos. Ya hemos visto y antes que suceda mejor nos retiramos. Eso es lo que hemos pensado.
-Antes de los balazos del día que usted salió de su casa, el 8 de junio ¿había tenido amenazas de otras personas?
-Han venido amenazando hace mucho tiempo. En la calle se agrupan así en banda y cuando regresamos de la iglesia, cuando terminamos de celebrar la palabra de dios, encontramos grupos en la calle que empiezan a reír y cuando ya pasamos a 10 o cinco metros de distancia, empiezan a amenazarnos por atrás.
-¿Y qué palabras les dicen, les dicen groserías?
-Primero grosería y después que no valemos nada, que ellos son autoridad, que no tenemos defensa, que nadie nos puede defender, que como nosotros somos del PRD y el PRD ya no existe aquí en México, que ése no es del gobierno, que ése son sacaderas, así nos dicen y que es pura mentira que nosotros hablamos al gobierno, que ellos son los que tienen autoridad porque son del PRI y son del primer partido en México. Luego viene la amenaza, dicen ‘si quiero, puedo echarle balazos hoy mismo', así nos dicen.
-¿Cuántas personas son las que están así en bola amenazándolos?
-Hay como una docena de personas. Los refugiados denuncian también que los priístas bloquean caminos para asaltar a los pobladores y culpar ante las autoridades a los perredistas.
“Rumbo a campamento el Mirador, hacia arriba, taparon (bloquearon con piedras) no recuerdo en qué fecha. También taparon aquí abajo rumbo a Buenos Aires, detuvieron a un carro que vende pan y bajaron dos bolsas de pan, según ellos mismos se confiesan. Y nos echan la culpa de todo a los que somos del PRD. Cuando se empieza a investigar dicen a los demás que contesten que son los perredistas, que son los malos. Y nosotros nos quedamos culpables. Incluso hacen bloqueos ahí donde estaba el destacamento de la policía sectorial.
Como salió un tiempo al policía, bajan ellos, entran ahí en esa casa y empiezan a bloquear cuando hay cobro de Oportunidades (programa de desarrollo social), suben muchos carros de mercancías para vender ahí donde cobran las mujeres beneficiadas y ellos aprovechan esos carros que suben, tapan y cobran (por transitar); ponen piedras ahí para que paren los carros y cobran. De eso nos echan la culpa, pero nosotros no lo hemos hecho ni hemos puesto esa piedra.
-¿Los han golpeado?
-Sí, la última vez golpearon a un chamaquito de 8 años. Le echaron piedras en la cabeza al hijo del compañero Mateo Pérez Mendoza, fue un muchacho que se llama Iturbide Gómez Gómez hijo de Ramiro Gómez Gómez del PRI, fue en junio.
Después del 8 de junio, cuando unos hombres vestidos de negro balearon en la madrugada la vivienda de Rogelio Sánchez Pérez, las familias perredistas se refugiaron en las montañas, al día siguiente llegaron funcionarios del ministerio público e interrogaron a los priístas que tienen actualmente la autoridad ejidal y estos comentaron que fue un problema entre los mismos perredistas borrachos.
Dijeron: vamos a hacer la justicia en nuestra propia mano, aquí está la mano, es la que va a solucionar el problema, pero lo vamos a ver, tenemos que ver primero a los dirigentes del PRD. ¿Sabe? La mano ésta es la que da la justicia, es la que da la solución, y nos mostraron la mano.
-¿A qué se referían cuando hacían eso?
-Se refiere a matar, por eso hace así, porque así se empuñan las armas. Ésa es la que va a solucionar dice. Que esperen ése que está hablando, que espere nada más, dice, tarde o temprano van a ver qué va a pasar. A la vista.
- ¿Y ahí estaban los del Ministerio Público?
- Ahí estaban parados los policías, el secretario municipal que sabe Ch'ol. Habla en Ch'ol, bien que le escuchó.
-¿Todo eso lo dijeron en Ch'ol?
-Todo eso lo dijeron en Ch'ol. Faustino Pérez Gómez y Miguel Guzmán Gómez. Esos son los que nos amenazaron más fuerte, y Andrés Gómez Martínez.
Reactivación de grupos
Los testimonios recabados por el Centro Fray Bartolomé de Las Casas, revelan que el problema, además de político, está asociado con el rencor que guardan los priístas hacia el obispo emérito Samuel Ruiz García y la teología de la liberación o teología india, aún cuando los priístas se reconocen como católicos.
“Es por que estamos estudiando la teología india y asuntos religiosos en Chiapa (de Corzo, municipio cercano a Tuxtla Gutiérrez), por eso nos amenazan porque recibimos capacitación y ellos no quieren que se capacite el catequista. Los sacerdotes, los obispos dicen que son asesinos y quienes van a la capacitación los empiezan a amenazar y dicen que nosotros somos asesinos, que no es bueno lo que estamos estudiando, que somos malos y nos empiezan a expulsar, a decirnos que tenemos que pagarlo y nos van a esperar en la milpa y que ya no está muy lejos que veamos lo que van a hacer, que están preparados y tienen armas para darles.
“El mero que nos ha amenazado así se llama Villanueva Pérez López. Ése es de los que nos han amenazado siempre en la vista de los otros”, recuerda Lorenzo.
Los indígenas radicados en Tapijulapa explican que, como minoría perredista en la asamblea ejidal, están a merced de los priístas: “dicen que no valemos nada porque ellos son mayoría”, señala Lorenzo.
Los problemas se agudizaron cuando el obispo titular de San Cristóbal Felipe Arizmendi Esquivel visitó la zona y lo recibieron en la comunidad Andrés Jiménez, hace tres años.
“El 21 de marzo de 2002, cuando se fue el obispo, empezaron a bocinar (hablar por la bocina) que ya va a haber problemas como en el 94, que el obispo llegó a dejar bombas, que llegó a dejar bala, que ahora sí ya estamos en problemas, que ahora los catequistas ya están provocando balas y bombas.
“No estábamos contando bombas, estábamos contando los restos de tostada y de frijoles, lo que quedo de la fiesta por la visita episcopal. Ahí es donde empezó el problema y hasta la fecha.”
Los indígenas aclaran que no pertenecen a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. “Buscamos a los zapatistas pero vimos cómo hablan y cómo actúan, están contra la iglesia y contra los sacerdotes, mejor no pegamos allí, buscamos nuestro propio partido que no está en contra de la palabra de dios.”
Del 8 de junio al 2 de agosto se registró el desplazamiento forzado de 20 familias, con un total de 117 personas: 18 hombres adultos, 19 mujeres adultas, 42 niñas y 38 niños que son presionadas por las autoridades de Chiapas para retornar a la comunidad Andrés Quintana Roo, contra la voluntad de los refugiados que saben del acuerdo de los priístas de no permitirles el retorno.
Blanca Martínez Bustos, directora del CDHFBC, explica que no hay garantías para que regresen y que es necesaria la intervención del gobierno para restituirles terrenos en otro sitio a fin de que vivan dignamente.
Añade que es preocupante que se estén dando de nuevo situaciones de desplazamiento forzado. “Hemos estado informando y pidiendo la intervención de las autoridades, solicitando medidas cautelares, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual pidió un informe al Estado mexicano.”
La defensora de los derechos humanos lamenta que el problema de los grupos paramilitares de la zona norte no se atienda y se haga caso omiso de la exigencia al Estado mexicano de desarmar y desmantelar a estos grupos paramilitares.
“Lo que está pasando en Sabanilla demuestra claramente que no se pueden resolver problemas tan serios como la acción paramilitar con supuestas mesas de reconciliación donde ponen a las víctimas con sus victimarios en busca de acuerdos de no agresión. Este tipo de acuerdos lo único que hace es administrar el conflicto, administrar la tensión y no atender de fondo del problema de la acción paramilitar, porque no se toman las medidas necesarias para que situaciones como la del desplazamiento interno no se vuelvan a repetir”, advierte la abogada.
Para el Centro Fray Bartolomé, que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, “Paz y Justicia” es un grupo paramilitar responsable del desplazamiento de más de 3 mil personas, y de al menos 85 asesinatos y 37 desapariciones forzadas, ocurridas entre 1995 y 2000.
La zona de influencia del grupo paramilitar se ubica en la región norte de Chiapas que comprende los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón y Palenque. Desde el 2004 el grupo se ha reactivado en el municipio de Tila y a partir de este año se empiezan a registrar nuevas agresiones en el municipio de Sabanilla.
Los grupos paramilitares en Chiapas fueron creados por el Ejército mexicano como apoyo de sus operaciones militares. Las víctimas y el Centro Fray Bartolomé denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por su supuesta responsabilidad en los delitos de lesa humanidad. En Chiapas, Paz y Justicia ha sido uno de los grupos más agresivos.
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